Comunicado oficial
Ciudad de Guatemala, 11 de agosto de 2022.
En Guatemala, el arte, la cultura, la innovación y el intelecto se encuentran bajo un ataque sistemático sin precedentes en el mundo contemporáneo: de manera indignante, están a punto de quitarles a los artistas, autores, músicos, cantantes, disqueras y demás actividades creativas los mecanismos para obtener un pago por su trabajo y proteger sus creaciones, que son su propiedad privada.
Dos inconstitucionalidades planteadas recientemente ante la Corte de Constitucionalidad buscan eliminar, de manera infundada y sin argumentos jurídicos válidos, los artículos 123, 125, 127, 128 y 128 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala. Estos artículos son vitales porque:
- Permiten que los artistas y demás creadores, organizados colectivamente, puedan (como cualquier persona) decidir cuánto cobrar por su trabajo, que constituye propiedad privada de su creador.
- Dan a los creadores de los ámbitos artístico, científico y literario la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público cuando son víctimas de una apropiación indebida de su propiedad intelectual, es decir, de un delito contra sus derechos de autor o conexos. Esto no aplica solo a la música, sino también a la fotografía, el cine, la literatura, el software, la pintura y la escultura, entre miles de creadores más.
- Dan observancia a los tratados internacionales y obligan a las autoridades a cumplir la ley en materia de derechos de autor y conexos.
La primera de estas acciones la planteó la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en mayo; de manera sorpresiva, y pese a no existir fundamento suficiente, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente los artículos impugnados. La segunda la planteó en junio un abogado a título particular. Se desconocen las motivaciones o el sector al que representa esta segunda acción, que está a punto de resolverse.
En ambos casos, pese a afectar directamente al sector cultural y a los demás sectores mencionados, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no han permitido que ninguno de los afectados actúe como tercero interesado, aunque así se solicitó. Por lo tanto, no hay posibilidad de defender los derechos en riesgo ni de exponer las graves consecuencias económicas, culturales y legales que tendría declarar con lugar estas acciones. Además, Guatemala entraría en un terreno peligroso al vulnerar las garantías consagradas en los tratados y convenios internacionales de propiedad intelectual, incluidos el Tratado de Libre Comercio (TLC) y los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre otros.
Por lo anterior, con extrema preocupación, MUSICARTES y AGINPRO, en nombre de los artistas y disqueras guatemaltecas e internacionales a quienes representamos, hacemos pública esta situación. Exhortamos con urgencia a los honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad a:
- Escuchar la voz de los afectados y permitirles presentar sus argumentos en los expedientes respectivos.
- Dignificar la labor del artista y proteger los derechos constitucionales que le asisten, así como la propiedad privada de las actividades e industrias creativas.
- Declarar sin lugar las dos inconstitucionalidades planteadas, ya que lo contrario dejaría a Guatemala como una vergüenza internacional al desproteger de tal manera su cultura, su arte, su innovación y su creatividad.
Finalmente, hacemos un llamado a los sectores que se sientan afectados de alguna forma por las entidades de gestión colectiva de la industria musical a dirigir sus esfuerzos a donde corresponda y por los mecanismos idóneos. MUSICARTES y AGINPRO, como lo hemos hecho durante muchos años, estamos a disposición para dialogar, buscar consensos y trabajar no como un país dividido, sino como una Guatemala unida, donde la industria, el trabajo, la cultura y el arte puedan desarrollarse con respeto a la propiedad intelectual.
Es momento de apoyar lo nuestro, de impulsar el talento guatemalteco y de dignificar la labor artística. Es momento de dejar que nuestra industria se desarrolle, de respetar al artista y de reconocer que el arte también tiene dueño.
¡Es momento de decir NO a los expedientes 2660-2022 y 3278-2022 de la Corte de Constitucionalidad, que pretenden derribar el sueño de los artistas de vivir dignamente de su trabajo! Es momento de hacer lo correcto.